Hasta aquí, hemos considerado algunas de las causas y de las posturas que hacen del debate en relación a la despenalización del aborto, un contrasentido. Hemos visto cómo, desde una perspectiva abiertamente contraria al tema, los argumentos se vencen en sí mismos a partir de sus propias premisas y de su propia lógica. Y hemos analizado otra alternativa, pretendidamente científica y neutral.
Esa última, procedente de la bioética, sin embargo, ha demostrado que el análisis “des-afectivo” de los datos es también una postura afectiva o, cuanto menos, política. Como lo es en definitiva cualquier postura posible cuando se trata de abordar, analizar, defender o intentar anular cualquier cambio que, desde lo legal, conlleve modificaciones en los usos y costumbres de las personas. Y en la cultura de las sociedades, que encuentran vías de escape en la “ilegalidad” cuando se proscriben acciones tan comunes y habituales como necesarias. Podrían citarse innumerables ejemplos que hacen a la problemática. Casos como esos que alguna vez Sigmund Freud sintetizó como “malestares de la cultura” y que, a fin de cuentas, son lo que son y corren las suertes que corren como consecuencia de un motivo tan claro como complejo: tocan y “perturban” las zonas tabú y reprimidas de todo un cuerpo social, de un lamentablemente inconsciente sociocultural.Por eso, sencillamente, no hay postura que, por más que lo pretenda, sea neutral. Y por eso mismo las respuestas, a favor y en contra, son tan fervorosas y chocan entre sí de tal modo. Está claro que, en lo que se refiere a las actitudes que asume la Iglesia sobre determinados temas, las respuestas y las argumentaciones caen por su propio peso: en sus propias leyes y mandatos, existen contradicciones lógicas que sólo pueden sostenerse desde la fe; o viene desde un discurso cuidadosamente selectivo, que sólo considera, de sus propios preceptos, lo que es conveniente para tal o cual cuestión. Es igualmente claro que no todos los seres humanos compartimos la misma fe, y que una sola fe no puede ser válida para todos, ¿verdad? Mínimamente, es lo que se le debe al mandato de amar al prójimo como a sí mismo, o al de que todos somos iguales ante los ojos de Dios… Algo que, a fuerza de coherencia, pone en pie de igualdad a todos, sin importar su color, sus creencias o sus prácticas y elecciones en la intimidad. Lástima que no suceda así fuera de las palabras…
Pero, desde otro punto de vista, se supone que todos somos iguales ante la Ley. La ley, civil o divina, es finalmente un órgano hecho de palabras; y si hay algo que los humanos, por naturaleza y/o por formación, no podemos evitar hacer, es interpretar las palabras, cargarlas o descargarlas de connotaciones o significaciones. Hasta el más frío de los discursos es sensible al ojo, el razonamiento y el espíritu de los lectores. Hasta el más frío de los discursos, es hijo de una mano humana, de la selección consciente o inconsciente de los términos que incluye y que excluye. Así pues, ninguna ley, ningún discurso es neutral.
En general, gran parte de la sociedad poco informada -o informada sólo desde ciertas voces- tiende a creer que las mujeres que insistentemente salen a defender la despenalización del aborto conforman un grupo peligrosamente grande y potencialmente mayor de personas sin pudores, salvajemente sexuales, irrespetuosamente libres de pensamiento y acción, que se han practicado tantos abortos clandestinos que ahora piden lo que piden. Bueno, no es -ni será, lamentablemente- la primera vez que se estigmatiza a quienes van en busca de ciertos cambios que alteran la cuestionable quietud de cierta moral social…
A decir verdad, prestando apenas algo de atención a lo que solicitan, alcanza para ver que no están saliendo a pedir un total y absoluto permiso para practicar el aborto como sea, donde sea y por el motivo que fuese. Piden, clara y expresamente, una modificación sobre el artículo 86 del Código Penal de la Nación, del año 1922, según el cual no se considera criminal el aborto en los siguientes casos: “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; y si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.
Veamos. Cuando se habla de “peligro para la vida y la salud de la madre”, debería tenerse en cuenta que el concepto mismo de “salud” se ha ampliado y ha dado un giro en el último tiempo. Ya no se entiende por “salud” sólo la “ausencia de enfermedad”, o la ausencia de riesgo de muerte física; se sabe ahora, además, que la salud incluye el bienestar psíquico y ambiental de una persona. Por lo cual, no sólo estaría en riesgo la salud y la vida de una madre que, en caso de parir, podría morir o quedar dañada de por vida. En muchos casos, concebir un hijo, también implica para muchas madres poner en riesgo la salud y el bienestar en varios otros aspectos.
Sin ir más lejos, y si el aborto no es penalizado sólo para el caso de violaciones o abusos a mujeres “idiotas o dementes”, ¿desde qué punto de vista se cree que es menos perjudicial, dañino, o riesgoso para la salud, no poder interrumpir el embarazo de una mujer que ha sido violada o abusada pero que no es ni demente ni idiota? Una mujer, en pleno uso de sus capacidades intelectuales, no sobrelleva durante el resto de su vida menor daño por las consecuencias y los efectos traumáticos de una violación o un abuso. Daños y efectos traumáticos que, por supuesto, son aún más graves y complejos si es obligada por ley a tener un hijo no deseado que es resultado de un acto violento e involuntario.
Lo que solicitan las mujeres que piden por la despenalización del aborto, y que acuerdan en las mismas intenciones desde gran parte de los países de Latinoamérica, es: derogar el citado artículo del Código Penal, sumando también los artículos 86 y 88, y aprobar el derecho de toda mujer a “decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional; acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud; fuera del plazo de las doce semanas, decidir la interrupción del embarazo en caso de que fuese producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud, si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves”.
Claro, no falta quienes se “pregunten” -arrogándose el derecho, en dicha pregunta, a condenar a las mujeres embarazadas que recurren el aborto y a condenar moralmente a las mujeres que se han embarazado siendo solteras o menores de edad- por qué, mejor, las mujeres no evitaron embarazarse para evitar tener que abortar. A quienes aún se desvelan por semejante inquietud, déjeme contarle algunos detalles.
Si hablamos de lo que se considera proscrito por fuerza de fe, recuerde que la Iglesia condena con la misma fuerza la utilización de medios anticonceptivos como el aborto. Es decir que, si “como Dios manda”, una familia debe aceptar todos los hijos que el Cielo le dé, aun cuando no tenga los recursos para sostener sus vidas dignamente, estará más cerca de ganarse el Paraíso que si optara por recurrir a algún método anticonceptivo, o si la mujer se resistiera a las demandas de su esposo, o si decidiera abortar hijos que, socialmente, estarán muertos poco después de haber nacido. Recordando, además, que todavía se considera un atentado al pudor para muchos credos que los niños y adolescentes reciban educación sexual; aunque sea, para enseñarles a evitar, no sólo embarazos, sino una cantidad de riesgos a enfermedades de transmisión sexual.
Recordemos, además, que tal como está dada la legislación vigente, existen muchas mujeres que no eligen abortar pero que sí quisieran tener el mismo derecho a decidir sobre su cuerpo para practicarse una ligadura de trompas. Recordemos que, dada la legislación vigente, para que una mujer tenga ese derecho, debe mediar una autorización previa de algún juzgado; y para eso, a veces pasa tanto tiempo que, en el ínterin, los embarazos siguen ocurriendo. Recordemos que, en muchos casos, los médicos deciden -con el consentimiento expreso de la madre al momento de parir- realizar la ligadura de trompas sin previo consentimiento judicial, y que esa ente entiende lo que significa traer hijos al mundo para condenarlos a una vida sin futuro, tal como está dada la coyuntura sociocultural de nuestros tiempos y de nuestra realidad.
