No hace falta una revuelta con muertos y destituciones para destrozar a un país. No hacen falta persecuciones, ni epidemias ni guerras para destrozar lenta o rápidamente a una nación. No hacen falta dictaduras ni éxodos o exilios para derrotar a una república. Alcanza con algo más simple, y mucho peor. Es suficiente con que los gobiernos se burlen de sus pueblos y se roben su propia dignidad.
Y el saqueo de la dignidad se da de formas reiteradas, demasiado veladas, adornadas con políticas pretendidamente populares que poco margen dejan para la discusión y la decisión sobre los destinos. En el peor de los casos, sucede en países históricamente bastardeados, como el nuestro, objeto de un bastardeo recurrente que se otorga y se repite desde fuera y también fronteras adentro. Pueblos condenados al limosneo, al subdesarrollo permanente, hasta tal punto convencidos a sí mismos de su propia incapacidad de madurar, que aceptan incluso sus luchas como meros intentos, con la resignación siempre dispuesta y bien guardada en el bolsillo para sacarla a relucir en cualquier momento. En general, para que todo esto ocurra, la estrategia a seguir es la misma: hacer todo lo inverso que debería hacer para procurarse el propio bienestar y la propia abundancia.Hubo algunos ejemplos durante la semana que pasó. De más está decir que los ejemplos gozaron de tan poca prensa como escasa atención por parte de quienes tienen la responsabilidad de atender y cuidar de ciertas cosas. Pero lo concreto es que sucedió. No hace mucho tiempo vimos, con dolor o indiferencia, cómo varios argentinos morían o eran dañados por disparos o directamente por el avance inconcebible de topadoras y palas mecánicas sobre sus cuerpos o sobre sus casas, que en algunos casos fueron quemadas, para tomar el camino más corto. La solución más drástica a la usurpación de tierras bajo el nombre y la consigna del avance económico de todo el resto del pueblo. Ocurrió en Andalgalá, en Catamarca, o en la comunidad La Primavera de Formosa. Y probablemente vuelva a ocurrir, en algún lugar de San Juan o de Mendoza. Porque se acaba de anunciar la aprobación para el inicio de nuevos estudios para el asentamiento de la explotación minera a gran escala, con la venia aprobatoria del Gobierno, que concede todo el desastre humano y ambiental por venir mientras se vanagloria y regodea en anuncios de inversiones que supuestamente tienen el meritorio y primordial objetivo de favorecer nuestro crecimiento.
Jorge Mayoral, secretario de Minería de la Nación, dio a conocer la buena nueva el pasado lunes. Ya se frota las manos ante el desembolso de por lo menos sesenta millones de pesos que serán utilizados para las exploraciones de prefactibilidad del proyecto Los Azules, de la Minera Andes, estadounidense, que cuenta con el visto bueno para instalarse en Calingasta, San Juan. Harán perforaciones en catorce mil metros cuadrados de territorio argentino de naturaleza casi virgen y, por supuesto, rico en minerales. Mientras tanto, seguirán desparramando billetes por millones en Santa Cruz, donde el proyecto de extraer oro y plata, en concesión conjunta con el operador minero peruano Hoschild, hace que a Mayoral no deje de caérsele la baba. Otro tanto le aporta la buena noticia de que en las últimas horas también se haya dado aprobación, con la connivencia del gobernador peronista Celso Jaque, a la explotación de cobre y oro con la mina San Jorge de capitales canadienses, en Uspallata.
Todos estos proyectos -o desvergüenzas, mejor dicho- se aprueban, se realizan y se perpetúan en el tiempo a contramano de la voluntad de los ciudadanos. En todos y cada uno de los casos, las agrupaciones vecinales, las comunidades y las ONG que se oponen activamente con fundamentos reales y pruebas en mano, son desoídas y bastardeadas por parte de los organismos oficiales y los gobiernos a los que, claramente, no les interesa ni remotamente lo que tengan que decir u objetar. Las cosas se hacen igual, lo mismo da, aunque haya que realizar alguna inesperada pirueta o algún tipo de salto hiperbólico por encima de los principios de una democracia, como la que supuestamente tenemos, donde ciertas personas gobiernan y deciden como voz y voluntad del pueblo y no de sí mismas. En fin…
Acá la diestra se les da a quienes vienen con carretillas de dólares y se llevan contenedores de otras cosas que, fronteras afuera de nuestro país, les valdrán muchos dólares más de los que han venido a verter por aquí. Y ojo, no es que esta gente venga a este pago porque les guste más que otros; vienen porque el Estado los llama, los atrae y los retiene. Y lo hace con todo el peso de su propia ley.
Como la Ley 24.196, sancionada durante el generoso gobierno menemista el 28 de marzo de 1993. El marco jurídico vigente prohíbe al Estado argentino explotar sus propios recursos naturales, pero permite que empresas extranjeras vengan, hagan y se beneficien con exenciones impositivas (no pagan IVA, ni impuesto al cheque ni sellos, ni a las ganancias, etc.) y con subsidios que ni siquiera se atreverían a soñar las Pyme argentinas. Por eso, Barrick-Gold de Canadá, Coeur D’Alene de EEUU, BHP Minerals de Australia, Vale do Río Doce de Brasil, o la anglo-suiza Xstrata Copper no tienen empacho de abrirse camino entre el terreno y sus personas para ponerse en acción. ¿Cómo no hacerlo? Tienen asegurada la protección estatal por treinta años, en los que estarán al resguardo de la creación de cualquier nuevo impuesto, del aumento de alícuotas, o de cualquier otro fenómeno tributario que cualquier otra empresa o ciudadano argentino sí sufrirá. Además, el Estado les regalará ingresos adicionales si exportan a través de puertos patagónicos. Y todo eso que se llevan, liberado de impuestos, deja en nuestro país la ridícula regalía de un 3% que pagan junto a una declaración jurada que presentan después de que los barcos hayan partido.
Las regalías que deja la minería son casi inexistentes; y las divisas, nulas. Pero tampoco tienen obligación de pagar ni un peso por la energía que consumen estas empresas, también subsidiada por el Estado nacional, que a lo largo y ancho de su territorio sufre de un desabastecimiento energético histórico, que cada vez se encuentra más cerca, no de la crisis, sino del colapso. Imagínese: aquí importamos, compramos, combustible de países limítrofes, mientras la energía que tenemos se la damos gratis a las mineras que literalmente nos agujerean. Gratis y en exceso: cada mina a cielo abierto consume, por lo menos, lo mismo que una ciudad de 300.000 habitantes incorporada a la red de suministro eléctrico. Si se fija, verá que las boletas de luz que recibe en su casa pagan, entre sus impuestos, ciertas leyes de subsidio. ¿A quién? A las mineras. Hace ocho años que en San Juan pagan con sus boletas de luz el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), según manda el artículo 74 de la ley 25.401, financiando con un incremento en la tarifa por la luz eléctrica el tendido eléctrico de 500kv que une varias provincias andinas para servir a los proyectos mineros de alta escala.
Mientras todo esto sucede y seguirá sucediendo, Mayoral hace honor a su nombre (“encargado de gobernar el tiro de mulas o caballos; recaudador o administrador de diezmos, rentas, limosnas, etc.; en los hospitales de leprosos, el que administra o gobierna”, real Academia dixit). La Ley no lo protege, por el contrario, prohíbe explícitamente que los funcionarios participen en este tipo de negocios. Pero el tipo se la banca, y juega el doblete de secretario de ministerio y empresario minero.
Buena genta nos cuida y vela por nosotros. Vayamos en paz…
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